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¿Merece la pena recurrir las liquidaciones de hacienda?

¿Merece la pena recurrir las liquidaciones de hacienda?

¿Merece la pena recurrir las liquidaciones de hacienda?

Inicio esta aventura del blog a raíz de un documento suscrito por un grupo de Catedráticos de Derecho Financiero y Tributario (la denominada “Declaración de Granada” suscrita el pasado 18 de Mayo), por el cual se denuncian las continuas vulneraciones de los principios rectores del ordenamiento jurídico fiscal y las graves ineficiencias de las prácticas seguidas por el Ejecutivo y la Administración Tributaria y cuyas conclusiones me han llamado poderosamente la atención.

A continuación os hago un pequeño resumen de lo recogido en la Declaración de Granada, el cual comienza disertando sobre la situación actual y en la que establece claramente que “dado que el tributo es el motor principal que permite sufragar los servicios y las necesidades básicas de los ciudadanos, nada puede justificar el fraude tributario; ni el contribuyente en su afán de pagar menos, ni la Administración por la utilización torticera de la normativa”, y es por ello por lo que afirman que “parece que el afán recaudatorio se ha convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, con olvido de los derechos y garantías individuales.”, enumerando los ataques que están sufriendo los principios rectores del ordenamiento financiero y concluyendo que: “La Hacienda Pública se ha convertido en agente de la razón de Estado. Una razón que descansa sobre un solo pilar cual es la recaudación. En el margen del camino ha ido quedando, primero, la Ley; más tarde, la seguridad jurídica, y unos metros más allá las garantías y los derechos del contribuyente”.

Esta declaración en cierta forma reconforta, en cuanto a que una percepción personal y subjetiva comienza a tomar cuerpo en el colectivo de la profesión (mención especial a ciertos profesionales que escriben en determinados blogs y redes sociales de la talla de Esaú Alarcón, Emilio Pérez Pombo, Javier Gómez Taboada, Rubén Candela, Alejandro del Campo y Leopoldo Gandarias) y por tanto, esa sensación de… “¿seré yo el bicho raro que piensa que esto se está desmadrando?” ya pesa menos.

Desde que accedí, sin ser consciente de ello, a la profesión de “asesor/confesor fiscal”, y de poder defender ante los Tribunales los intereses de contribuyentes/clientes que solicitaban mis servicios profesionales, he observado con cierta frecuencia cómo el “rodillo” de la Administración ha ido socavando lenta pero seguramente muchos derechos de contribuyentes (perdón, quería decir “obligados tributarios”, que el lenguaje aquí no deja de tener su importancia) y que aún estando en posesión de la verdad, no han podido demostrarlo, y como decía mi profesor de Derecho Civil de primero de carrera, “en Derecho, sólo vale la prueba”.

Siguiendo con el análisis, la memoria del TEAC del año 2015 (la última disponible) dice que de las reclamaciones presentadas al Tribunal Económico por los conceptos de IRPF, SOCIEDADES, ITP e IVA (4 de las principales figuras impositivas), el 48,25% fueron resueltas…. en favor del contribuyente!!, el 42,19% se resolvió en favor de las AA.PP y un 9,56% en “otros conceptos”, y del que no podemos dar más detalles. Y después de esta criba habría que analizar la memoria del Consejo General del Poder Judicial respecto a los casos que los Tribunales hayan dado la razón al contribuyente que de media llega a un 30%. En definitiva, que si bien podemos decir que las distintas instancias administrativas y judiciales funcionan, el producto que ofrece nuestra Administración tributaria no es desde luego un producto lleno de excelencia. No quiero decir que la Administración no cuente con magníficos profesionales (a quien tengo el placer de conocer después de muchos años de oficio), sino que el proceder de la Administración mediante la automatización de las informaciones deja mucho que desear si uno de cada dos reclamaciones que llegan al tribunal Económico es favorable al ciudadano contribuyente. Desde luego es motivo para que desde las propias Administraciones hagan una reflexión al respecto.

Y es aquí donde quiero hacer pública mi reflexión respecto a la importancia de documentar bien la realidad, y es que ya no basta con que tenga el contribuyente la razón de forma palpable, es necesario demostrarla con hechos que no lleven a originar ningún tipo de duda, y eso sólo se consigue siendo muy minucioso y persistente en realizar todo aquello que hace falta.

A modo de ejemplo, ya no basta con demostrar en un procedimiento de acreditación de reinversión de vivienda habitual, aportar la escritura de compra de la que fue tu vivienda habitual, si no va a acompañada de un texto en el cuerpo de la escritura que indicara “que dicha vivienda será destinada a la vivienda familiar del sujeto adquiriente”, si no va acompañada con un certificado de empadronamiento histórico desde el día de la compra (ojo con ese olvido!), si no va acompañada del modelo 030 (ó 036 en su caso) de cambio de domicilio con fecha de efecto desde la compra (otro ojo!), y si no va acompañada de todas las facturas de suministro que acreditan unos consumos regulares similares a cualquier hijo de vecino que esté realmente viviendo (nos quedamos ya ciegos!!)

En definitiva, que estamos ante un campo (el tributario) que está minado y que debemos andar con ojo avizor, con sumo respeto y obediencia a las normas como no puede ser de otra forma, pero sin amedrentarnos ante la actuación de la Administración cuyo afán recaudatorio se muestra en ocasiones de forma muy palpable.